miércoles, 18 de abril de 2012

Repsol: "Uno de los nuestros"

Parece ser por lo que se lee en la prensa, que tenemos que escandalizarnos ante la nacionalización de la petrolera YPF por parte de Argentina, para, según argumentan, recuperar el control del sector de los hidrocarburos en el país, a costa de los intereses de Repsol. El ministro de asuntos exteriores salió a la palestra para advertir que semejante ataque a los intereses de España tendría una firme respuesta, y la estrategia de la presidenta Kirchner ha sido tachada en algunos medios como “mafiosa”, y la operación como una “agresión a España” y un “robo”.
Hay varios asuntos en todo esto que no deberían pasar desapercibidos. El primero de ellos es que, cuando habla de “agresión a España” y de “los intereses de España”, el Sr. Ministro se ha de referir forzosamente a los intereses de los accionistas españoles de Repsol, ya que desde 1997 se trata de una sociedad anónima completamente privada.
Podría decirse aún así, que hay que defender a “los nuestros”, aunque esos “nuestros” no sean la encarnación de “los intereses de España”, esto es, del Estado Español, sino personas y empresas españolas con intereses privados, pero ¿Es Repsol de los nuestros?
Si nos fijamos en la distribución del accionariado de Repsol, nos encontramos con que sólo el 48,54% está en manos de inversores españoles, y de este porcentaje, tan sólo hay un 10,8% de acciones que pertenecen a accionistas españoles minoritarios. Nos encontramos, por tanto, con una concentración bastante alta de acciones en pocas manos. Principalmente las de los presidentes de Sacyr y Caixabank, que cuentan aproximadamente con un 22,84% de las acciones, las de unas cuantas sociedades españolas más que poseen en conjunto un 9,9% adicional de la compañía, y un 5% de lo que se denomina “Autocartera”: acciones de Repsol que compra la propia Repsol.
Es decir, que un 37,33% de los supuestos “Intereses de España” se traduce en los intereses de unos pocos, mientras que el 51,49% son, directamente, intereses extranjeros. No entraremos aquí a valorar el hecho de que, además, parte del capital de, por ejemplo, Sacyr, pueda estar en manos extranjeras, ya que también se da el caso contrario de empresas extranjeras con accionariado español, y el análisis se haría mucho más complicado.
Podríamos pensar que, incluso con lo expuesto anteriormente, Repsol es “española” porque paga sus impuestos en España, lo cual redundaría en la idea de que estamos defendiendo el “interés nacional”.  Sin embargo, hay que puntualizar que del total de impuestos pagados por Repsol YPF en 2010, 1.742 millones de € sobre unos beneficios brutos declarados de 6.613 millones, correspondieron a España 949 millones (el 54,47%), que, con todos los respetos, es una cantidad bastante despreciable como para considerarla crucial para los intereses de España, y que aunque pierda su participación en YPF, recibirá una compensación económica que puede reinvertir en otra parte. En ese sentido, Repsol va no va a hundirse, sino que probablemente siga obteniendo beneficios y pagando impuestos a España. Además, Repsol YPF  es la segunda empresa española con más presencia en paraísos fiscales mediante empresas filiales y/o participadas en Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Panamá, Trinidad y Tobago, Suiza, Luxemburgo, Singapur o Liberia.

También podríamos argumentar que defender Repsol es defender los intereses de España, porque defendemos a su vez a los empleados españoles de Repsol. En cierto modo es cierto que pueden perderse puestos de trabajo con esta nacionalización, pero hay que tener en cuenta que la primera que no defiende adecuadamente los intereses de sus empleados es la propia Repsol, que habiendo aumentado sus beneficios en un 12% entre 1998 y 2007, no ha trasladado este incremento ni mucho menos con la misma intensidad a la subida media de los salarios o a la creación de empleo.

No parecen estos los intereses nacionales que el gobierno dice proteger. Lo que no se puede negar es que, al contrario, Repsol ha sabido moverse y tejer una red de influencia que ha conseguido convertir los “Intereses de España” en sus intereses. Así, por ejemplo, a instancias de Repsol, el tristemente conocido dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang fue recibido con honores de Estado durante su visita oficial a Madrid en noviembre de 2006, un viaje que incluyó reuniones con el Rey y el Presidente Zapatero. En todo esto, no es descartable que tenga que ver la considerable cantidad de miembros de los gobiernos, de uno u otro signo, que han terminado obteniendo algún puestecito en Repsol tras finalizar sus funciones públicas. Puede que sean estos, y no otros, los “Intereses de España” que se están defendiendo estos días.

Mientras tanto, los ingresos en 2010 fueron de 60.430 millones de €  y en 2011, en plena crisis, subieron a  63.732 millones, que de no estar la empresa privatizada, habría ingresado directamente el Estado. El déficit del Estado se cifra en unos 90.000 millones de €. Cada cuál puede hacerse la opinión que quiera, pero comparando estas dos cantidades y teniendo en cuenta que Repsol es sólo una de las muchas empresas prósperas y con beneficios que se han privatizado en aras de la mayor eficiencia del sector privado, parece evidente que, de no haber seguido esa política de privatizaciones, 1) el Estado podría haber tenido recursos extra para desarrollar el estado del bienestar hasta niveles equiparables a los de nuestros vecinos europeos con economías de tamaño similar, y 2) España habría estado mucho más protegida frente a la crisis al contar con sólidas fuentes de ingresos, en lugar del Estado anoréxico y residual que tenemos hoy.

El segundo asunto a tener en  cuenta, son los intereses de Argentina como nación. YPF fue una empresa pública igual que Repsol, hasta que a finales de los 80 Menem comenzó su privatización en un contexto bastante similar al que tenemos hoy en Europa. Al igual que nos pasa ahora a nosotros, Argentina recibió ayudas por parte del FMI condicionadas a la adopción de medidas neoliberales: reforma del mercado de trabajo, privatización de empresas públicas, rebajas de los niveles salariales, e incluso la privatización de las pensiones. Aún así, en 1998, con el país en una profunda crisis económica, el estado argentino seguía manteniendo un 25% de la propiedad de YPF.

Es en ese contexto de crisis, a punto de estallar definitivamente la economía argentina,  e instaurarse el “corralito financiero” y un impago y quita de la deuda sin precedentes, cuando Repsol compra ese 25% aún público de YPF a precio de saldo. El precio se vio reducido por tres factores fundamentales:

1-      Durante los años precedentes a su privatización, los resultados que presentaba la compañía fueron completamente ficticios. YPF sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un estado argentino para pagar intereses de la deuda,  sometido a las directivas del Fondo Monetario Internacional. Esto sirvió a los gobiernos que defendían la privatización para mostrar a YPF como una empresa deficitaria y un “lastre” que había que vender.
2-      Se realizó una auditoría para evaluar las reservas de petróleo y gas. A través de fondos provenientes del Banco Mundial –otro organismo altamente “filantrópico”, como todos sabemos-, se contrató para la auditoría a la consultora estadounidense Gaffney, Cline y Asociados, que en contra de lo que indicaban las estimaciones de la propia compañía, redujo notablemente en todas las regiones de explotación el valor de las estimaciones reservas de crudo y gas, llegando a rebajarlas en un 40% en la región de la Cuenca Neuquina.
3-      En el año anterior a la venta a Repsol de YPF, ésta realizó un importante esfuerzo para descubrir nuevas reservas duplicando la perforación de los pozos en exploración, que no dieron el fruto esperado, lo que incurrió en mayores gastos y pocos ingresos adicionales.

Repsol compraría seguidamente el resto de las acciones de YPF que estaban en manos privadas, adquiriendo la práctica totalidad de la compañía. Curiosamente, cuando Repsol se hizo con el control, y sin incrementar la exploración, se incrementaron notable y “milagrosamente” las reservas. Esto fue utilizado por los defensores de la política privatizadora como un ejemplo de la mayor “eficiencia” del sector privado. Por supuesto que obviaron en sus alabanzas comentar que, aún con titularidad pública, se habrían terminado por encontrar las nuevas reservas, ya que las perforaciones exploratorias las comenzó YPF un año antes. Tampoco se acordaron de comentar nada sobre la auditoría que falseó claramente los datos. Una vez privatizada, la nómina de personal de YPF pasó de 37.000 a  5.500 trabajadores, y las ganancias obtenidas con el petróleo extraído en Argentina, se utilizó en su mayor parte para expandirse en otros países. Por lo tanto, podemos decir que para la los intereses nacionales de Argentina –que no para los de sus dirigentes, que se lucraron con toda esta operación-, la privatización de YPF resultó desastrosa.

Hasta ayer, Repsol conservaba un 57% de YPF, siendo otro 25% propiedad del Grupo Petersen (que entró por deseo del gobierno argentino y sin pagar, sino a cuenta de un crédito de la propia Repsol que debería ser pagado con parte de los beneficios que Petersen obtiene en YPF) y un 17% cotizando en bolsa  y en manos de otros inversores. El estado argentino por su parte, obtuvo en total 20.269 millones de $ desde 1993 hasta 1999, y mantenía únicamente hasta ayer un 0.02% de las acciones y la llamada “acción de oro”.
En tercer lugar, hay que atender a la actuación de Repsol YPF respecto a Argentina y otros países productores donde opera. Repsol tiene todos sus yacimientos en el extranjero, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que es una compañía petrolífera  de un país sin petróleo. Sin embargo, ha sabido aprovechar sus oportunidades y convertirse en una de las grandes empresas de hidrocarburos del mundo, extrayendo, refinando y comercializando el crudo de yacimientos de terceros países. En particular, el 33% de los ingresos de Repsol YPF en 2009 provienen de operaciones en Argentina. Hablamos de 16.500 millones de euros. Es decir, los ingresos de un solo año provenientes de este país, tuvieron casi el mismo valor que el total obtenido por Argentina por la venta total de YPF, y recordemos que Repsol sólo tenía el 57% de YPF.

Sin embargo, no todo son flores a la gestión de Repsol, que ha recibido quejas y denuncias por el deterioro ambiental que han causado sus actividades (como las de cualquier otra multinacional petrolera) y que en la mayoría de los casos se solventan con el pago de una multa que resulta mucho más barata que modificar los procedimientos y establecer las medidas ambientales adecuadas.

Por otro lado, se ha acusado a Repsol de relentizar el ritmo de las extracciones existentes para mantener artificialmente más alto el precio del crudo y de mantener una insuficiente inversión, lo que habría provocado que en el 2011, por primera vez desde que se privatizó la empresa en los años 90, Argentina tuviera que importar más gas y petróleo que el que produjo. También se ha acusado a Repsol de fijar los precios de los combustibles en suelo argentino atendiendo a criterios de precios de mercado, en lugar de a un criterio de costes de producción.

El cuarto asunto a considerar, sería el argumento de la seguridad jurídica y credibilidad de los acuerdos alcanzados por el gobierno argentino, que no debe ser pasado de largo. Repsol en ese sentido, cumplió escrupulosamente pagando en Argentina los impuestos que le corresponde (menos que en España), y habiendo desembolsado el precio acordado en su momento, pero los acuerdos firmados en un momento dado de la historia pueden ser justos o injustos, y un Estado soberano debe también utilizar todos los mecanismos a su alcance para asegurar el interés nacional y el bienestar de sus ciudadanos. Al fin y al cabo, sin Repsol, Argentina tendría su petróleo. Repsol, sin Argentina y el resto de países donde opera, no tendría nada.

Hasta hace pocos días, se especulaba sobre si el verdadero objetivo de Argentina era realmente la nacionalización, o si bien era forzar una negociación con Repsol y unas nuevas condiciones de explotación, con las que Argentina se llevase una mayor parte del pastel del negocio que se hace con su petróleo. Desde ayer, al menos, ya hemos despejado esa incógnita.

De lo que se acusa al gobierno argentino, es de:

1-      Intentar dificultar las condiciones de negocio de Repsol, para que baje la cotización de YPF y abaratar el precio en el momento de tasar el valor de YPF que tendrá que abonar a Repsol, para hacerse de nuevo con el control de la compañía.
2-      La incoherencia de que la presidenta Kirchner, que ahora habla de recuperar los recursos naturales del país como si se los hubiera robado, se mostró partidaria de la venta de YPF a Repsol cuando gobernaba su marido.
3-      El hecho de que se rompa unilateralmente todo lo legalmente firmado, casualmente pocos meses después de que Repsol anunciase haber encontrado los mayores yacimientos de su historia precisamente en Argentina.
4-      El hecho de que no se expropia toda la compañía YPF, sino únicamente el porcentaje en manos de Repsol ¿Acaso no son igual de importantes para el interés nacional de Argentina las acciones de YPF en manos de Petronor, Galp o los fondos de inversión de los EEUU?

Visto así, esto tiene, claramente, un tinte oportunista. España tiene muchos intereses en Argentina, no sólo con Repsol, y no puede cerrar toda relación comercial y diplomática con ese país sin arriesgar demasiados intereses de demasiadas empresas, sólo por defender una de ellas. Tampoco la UE es probable que se meta a fondo en el tema, ya que también tiene sus propios intereses y no andan las economías europeas como para desinvertir en Argentina, sobre todo cuando, como hemos dicho, sólo afecta a la española Repsol. Desde Bruselas, la Comisión Europea ya ha dicho que cree que ni la UE ni España pueden adoptar medidas de represalia comercial contra Argentina, como limitar sus exportaciones, como respuesta a la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, porque ello incumpliría las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por su parte, el presidente de Repsol ha valorado YPF en 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), y la participación del 57% de la española en 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros),  y ha solicitado un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Argentina ya ha dicho que no piensa pagar esa cantidad, aunque de momento no ha dado una tasación concreta. YPF cuenta con un valor en libros de 4.200 millones de €, a los que habría que sumar el crédito a Petersen por otros 1.500 millones. Es de suponer que Argentína filtrará un precio ridículo con el que se especulará, habrá un pataleo, alguna protesta formal y las denuncias correspondientes. Argentina asumirá el precio que imponga  el CIADI, o bien, un nuevo precio que  en un “ni para ti ni para mí” y poca cosa más. Otro tema es si esto traerá una mejora económica a Argentina por la recuperación de sus recursos, o bien la hundirá en la miseria por la huida de inversores internacionales.

¿Es esto una actitud mafiosa? En cierto modo sí, pero la nacionalización es un instrumento con el que prácticamente todas las naciones se dotan para proteger sus intereses (España incluida), y mientras pague a Repsol una compensación justa, nunca puede hablarse de “robo”. Y por otro lado, cuando Repsol compró YPF ¿No fue acaso por el chantaje de los mercados internacionales y el FMI obligando al estado argentino a malvender las empresas públicas como condición para recibir ayuda económica? ¿No fue, como se ha expuesto anteriormente, una operación amañada? ¿Era justa esa situación?
Reconozco que en este tema estoy bastante dividido. Creo que hay demasiados intereses oscuros y ocultos como para dar la totalmente la razón a Repsol o al gobierno Argentino. Es evidente que la decisión de Argentina perjudica en parte a nuestra economía, pero perjudica sobre todo a Repsol como entidad privada. No parece muy normal en cualquier caso, que, tal y como están las cosas, se haga de esto una cuestión de estado, mientras que el BCE, el FMI, la UE encarnada en Merkocy, con su estrecho foco en sus políticas de –mal llamada- austeridad, nos hacen el mismo chantaje que sufrió Argentina en los años 90, obligándonos a desmontar el estado del bienestar y a malvender las pocas empresas públicas a unos voraces mercados de los que actúan como lobby.

Frente a este abuso constante y evidente hacia los ciudadanos, el gobierno reacciona con sumisión, y esto se debe a que cuando el gobierno se pone a defender a “uno de los nuestros”, es a estos organismos y a los mercados que se esconden detrás, y no a los ciudadanos, a los que los gobiernos europeos neoliberales respetan y protegen.

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